La Justicia de Chile ordenó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, luego de ser imputado por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos, el fraude al Fisco y el tráfico de influencias. Lavín, quien formó parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, deberá enfrentar el proceso judicial tras la confirmación de su desafuero por la Corte Suprema en febrero pasado, lo que permitió avanzar con la acusación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, justificó la medida al señalar que los delitos imputados, junto con su reiteración, representan un peligro para la sociedad. “La gravedad de las sanciones probables y la naturaleza de los crímenes exceden el presidio mayor en su grado mínimo”, explicó el magistrado.
Joaquín Lavín, quien fue diputado durante tres periodos legislativos entre 2014 y 2026, está imputado por presuntamente desviar recursos públicos asignados a labores parlamentarias hacia fines personales y actividades de campaña. De acuerdo con la Fiscalía, el excongresista habría estado involucrado en un fraude cercano a los 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), mediante la emisión de facturas simuladas y el uso irregular de fondos estatales.
En la misma causa, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien además enfrenta acusaciones por cohecho, infracciones tributarias y delitos electorales. Las pesquisas señalan que ambos imputados habrían destinado esos recursos al pago de material gráfico y bases de datos empleadas durante diversas campañas políticas.
La investigación también ha involucrado indirectamente a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno y restricciones de movimiento mientras enfrenta cargos relacionados con actos de corrupción durante su gestión.
Las actuaciones de Lavín también sugieren un eventual aprovechamiento político de los recursos estatales, y aunque en 2024 se desvinculó de la UDI tras hacerse públicas las denuncias, aquella situación terminó deteriorando la imagen que tenía ante la ciudadanía luego de años de protagonismo. De acuerdo con la Fiscalía, las gestiones atribuidas a Lavín habrían buscado eludir la normativa y obtener recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín pone de relieve el esfuerzo significativo del sistema judicial chileno por enfrentar la corrupción y asegurar que las figuras políticas respondan por sus decisiones, aunque también ha suscitado críticas respecto a los procedimientos que permitieron que su desafuero se extendiera hasta 2026 mientras seguía participando en la labor legislativa.
Fuente: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion/
