Los acreedores afectados por la retirada de ayudas a las energías renovables en España han comenzado a rastrear activos del gobierno para cubrir indemnizaciones pendientes. Entre los bienes embargables figuran los aviones utilizados por el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos del Estado. Esta medida cuenta con un precedente: en 2020, Estados Unidos embargó aeronaves pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro, lo que refuerza la posibilidad de que activos españoles puedan ser intervenidos si llegan a pisar territorio estadounidense.
El incumplimiento de España de sus compromisos internacionales está provocando una tensión cada vez mayor, ya que tribunales norteamericanos autorizaron embargos por cerca de 700 millones de euros vinculados a la deuda que España mantiene con inversores en energías renovables, después de décadas de disputas y fallos favorables en distintos organismos internacionales, y ahora los acreedores intentan hacer efectivos esos dictámenes mediante la incautación de activos estatales, incluidos los Falcons que emplean miembros del gobierno y la Casa Real.
Antecedentes internacionales: el caso de Maduro
El caso de embargos a los activos de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en 2020 refuerza la posibilidad de que esto se repita en el caso español. En aquella ocasión, el Departamento del Tesoro bloqueó 15 aviones de la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), argumentando que habían sido utilizados para apropiación indebida de activos y transporte de altos funcionarios. El bloqueo de estas aeronaves fue parte de las sanciones coordinadas por la Administración Trump contra el régimen de Maduro, en apoyo a la oposición liderada entonces por Juan Guaidó.
Entre los aviones embargados se encontraba el que Delcy Rodríguez utilizó en 2020, involucrado en un controvertido aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas pese a las sanciones de la UE que le impedían acceder al territorio europeo. Este incidente diplomático continúa siendo un episodio decisivo que ilustra el uso de activos polémicos por parte de gobiernos sancionados.
La deuda pendiente de España
El conflicto con los inversores en energías renovables comenzó en 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un programa de incentivos para dinamizar el sector y captar capital. No obstante, en 2013 el gobierno de Mariano Rajoy suprimió esas ayudas con carácter retroactivo, lo que llevó a numerosas compañías a afrontar pérdidas significativas. La ausencia de entendimiento empujó a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, donde obtuvieron laudos favorables que ya superan los 2.310 millones de euros, una suma que contempla gastos judiciales y financieros. Aunque las decisiones arbitrales son claras, España continúa sin atender las obligaciones de pago.
Ante esto, los afectados han conseguido la aprobación en países como Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Estados Unidos para confiscar bienes españoles. En EE. UU., además de los aviones, los acreedores han emitido notificaciones a entidades financieras y terceros relacionados con España, e incluso evalúan bloquear el contrato de compra de misiles Patriot valorado en 1.445 millones de euros.
Una repercusión negativa a nivel internacional
España figura en el índice internacional de cumplimientos de laudos arbitrales como uno de los países con más fallos pendientes, junto con Venezuela y Rusia, situación que ha deteriorado de forma notable la credibilidad ante la inversión extranjera, la cual se redujo un 60% durante el último año. Si los embargos llegaran a ejecutarse, los bienes públicos pasarían a desempeñar un papel determinante en una nueva fase de litigios internacionales contra el gobierno español.
Fuente: [The Objective y el enlace https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-05-09/precedente-sanchez-estados-unidos-aviones-maduro/]
