En Guatemala, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) han ampliado su dominio sobre extensas áreas urbanas, instaurando un ambiente de intimidación y cobro de extorsiones que golpea a millones de habitantes, y desde sectores como la Zona 18 en Ciudad de Guatemala hasta Villa Nueva, estas estructuras delictivas han fortalecido su influencia mediante redes jerarquizadas, tácticas brutales y operaciones coordinadas incluso desde centros penitenciarios.
Una de las prácticas delictivas más comunes es la extorsión, llamada también “renta”, que golpea por igual a pequeños comercios y a grandes compañías. Comerciantes como Alicia, quien atiende una tienda en Villa Nueva, narran que se ven forzados a entregar pagos periódicos bajo amenazas de agresión. Este fenómeno, que constituye una de las fuentes de ingresos más significativas para las maras, perjudica gravemente la economía local, con más de 16,000 denuncias registradas en 2024 y una tendencia al alza prevista para 2025.
Las cárceles, en lugar de contener la delincuencia, han terminado funcionando como verdaderos centros de operación, pues diversas investigaciones señalan que entre el 80 % y el 90 % de las extorsiones se orquestan desde el interior, favorecidas por la corrupción que abre paso al uso de teléfonos móviles y otros canales de comunicación, una situación que sostiene la influencia de las clicas responsables de dirigir las actividades diarias de los pandilleros.
El reclutamiento de menores es otro pilar del funcionamiento de las pandillas. Niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son cooptados desde edades tempranas para realizar tareas que varían desde extorsiones hasta asesinatos. Este sistema garantiza la renovación generacional de las pandillas, asegurando su permanencia como actores clave del crimen organizado en Guatemala.
Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha tomado medidas como declarar a las maras «organizaciones terroristas» y endurecer las penas por extorsión, los resultados han sido limitados. La reciente aprobación de la construcción de una prisión modelo para líderes pandilleros busca replicar aspectos del controvertido «modelo Bukele» de El Salvador, aunque las diferencias entre ambos países presentan retos específicos para la implementación de estas estrategias.
Pese a los esfuerzos por combatir el poder de las maras, su influencia sigue siendo profunda, extendiéndose desde barrios populares hasta sectores estratégicos como el transporte público. Las pandillas no solo representan una amenaza para la seguridad ciudadana, sino que también imponen un costo económico significativo en una sociedad marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades.
Fuente: BBC News Mundo ([https://www.bbc.com/mundo/articles/clykze9wy64o])
