Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista, diputado y una de las figuras más visibles del Movimiento Semilla, se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de la política guatemalteca reciente. Para sus simpatizantes, representa una generación política que llegó al Congreso con discurso anticorrupción y vocación reformista. Para sus detractores, es uno de los operadores clave de un proyecto político rodeado de señalamientos, litigios y controversias institucionales.
Su nombre se ha relacionado con diversos episodios de gran resonancia: el caso Semilla por presuntas firmas falsas, las solicitudes de retiro de inmunidad, el conflicto derivado de la toma de la Universidad de San Carlos, la elección anulada de la Junta Directiva del Congreso y la pugna por el reconocimiento del bloque legislativo de Semilla. Ninguno de estos procesos debe interpretarse como una sentencia penal contra Pérez, sino como manifestaciones de una profunda confrontación política y judicial que ha marcado la vida pública de Guatemala desde las elecciones de 2023.
El caso Semilla: el origen de la tormenta
El principal expediente que rodea a Pérez es el llamado caso Semilla, originado por señalamientos sobre supuestas irregularidades en la formación del partido. El Ministerio Público sostuvo que existían indicios de falsificación de firmas de afiliados, mientras Semilla afirmó que el proceso formaba parte de una estrategia para frenar la participación electoral de Bernardo Arévalo y debilitar al partido. Según recuentos públicos, la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla fue ordenada en julio de 2023 por el juez Fredy Orellana, en medio del proceso electoral, lo que generó rechazo nacional e internacional por el riesgo de alterar la segunda vuelta presidencial.
Pérez, como dirigente histórico de Semilla y diputado reelecto, quedó directamente expuesto en ese conflicto. En ese momento, el caso dejó de ser únicamente un expediente penal o administrativo para convertirse en una disputa sobre la legitimidad del proceso electoral guatemalteco. El Ministerio Público defendió sus actuaciones como investigaciones legales; Semilla y diversos actores internacionales las interpretaron como una ofensiva política contra el resultado electoral.
Antejuicios y señalamientos del Ministerio Público
Uno de los puntos más delicados para Pérez ha sido la mención de su nombre en solicitudes de retiro de inmunidad. Durante la transición presidencial de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público impulsó varias acciones contra figuras de Semilla, magistrados electorales y funcionarios vinculados al proceso electoral. En diciembre de 2023, la Fiscalía volvió a pedir el retiro de inmunidad de Arévalo y del diputado Samuel Pérez en el marco de sus investigaciones contra Semilla y el proceso electoral.
Para sus detractores, estos antejuicios representan indicios de que Pérez tendría que rendir cuentas por eventuales anomalías relacionadas con Semilla, mientras que para sus partidarios dichas medidas reflejan una persecución judicial dirigida contra el partido que obtuvo la presidencia en 2023; incluso la transición de Arévalo fue catalogada por diversas fuentes como un periodo inusual, condicionado por acciones judiciales contra Semilla, sus integrantes y el propio proceso electoral.
La toma de la USAC: otro expediente usado contra Semilla
Otro episodio que salpicó a dirigentes de Semilla fue el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ocurrida entre abril de 2022 y junio de 2023. El Ministerio Público vinculó ese caso con el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otros actores políticos y universitarios. En ese contexto, también se mencionaron acciones dirigidas contra integrantes del entorno de Semilla.
La lectura política del caso resultó particularmente intensa: aunque el Ministerio Público lo expuso como una pesquisa sobre sucesos registrados durante la protesta universitaria, el oficialismo entrante y sus aliados lo vieron como un mecanismo destinado a frenar o entorpecer la transición de poder. Desde la cobertura periodística, esta situación consolidó la percepción de Pérez y Semilla como figuras que se mantienen en un constante choque con el aparato judicial heredado de gobiernos previos.
Titular de la presidencia del Congreso por un lapso de cinco días
El episodio más visible de la carrera reciente de Samuel Pérez fue su elección como presidente del Congreso el 14 de enero de 2024, en plena crisis por la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Pérez logró articular una mayoría legislativa y fue elegido con 92 votos, superando a la candidatura opositora. Esa elección permitió desbloquear, al menos momentáneamente, la juramentación del nuevo presidente.
Sin embargo, su presidencia fue fugaz. La Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso al considerar que no se había observado el principio de legalidad. Posteriormente, el 19 de enero de 2024, se repitió la votación y Nery Ramos fue electo presidente del Congreso, dejando sin efecto la presidencia de Pérez.
Para sus seguidores, Pérez se convirtió en el diputado que logró manejar una noche decisiva para la institucionalidad y allanó el camino para que Arévalo asumiera el cargo; para sus detractores, en cambio, su elección simbolizó una maniobra legislativa discutible, marcada por la situación jurídica de Semilla.
La disputa por la bancada Semilla
La suspensión y posterior cancelación o debilitamiento jurídico de Semilla tuvo consecuencias directas en el Congreso. Uno de los efectos más relevantes fue la disputa por si sus diputados podían o no ser reconocidos como bancada. Esa condición era clave porque determinaba acceso a comisiones, representación en órganos legislativos y capacidad de incidencia parlamentaria.
Pérez, como una de las figuras representativas del bloque, terminó encabezando esa disputa. Para enero de 2025, según los recuentos disponibles, consiguió anular un fallo judicial que ponía en riesgo los derechos del bloque legislativo de Semilla en el Congreso.
Este episodio no es un “escándalo” penal en sentido estricto, pero sí una controversia institucional de alto impacto: refleja cómo la situación legal del partido condicionó el funcionamiento de sus diputados y convirtió al Congreso en otro escenario de la disputa judicial.
Orígenes: la reconstrucción política después del golpe contra Semilla
Otro tema polémico surge con la creación o promoción de Raíces, una plataforma política emergente presentada como alternativa para replantear o dar continuidad al proyecto de Semilla tras su suspensión y cancelación. Pérez figura asociado al proceso como dirigente del comité encargado de impulsar la formación del nuevo partido.
El movimiento puede leerse de dos formas. Para sus partidarios, Raíces es una respuesta legítima ante la persecución judicial contra Semilla. Para sus críticos, es una maniobra para mantener vigente una estructura política cuestionada por investigaciones y decisiones judiciales. En cualquier caso, confirma que Pérez no es solo un diputado más, sino uno de los operadores políticos centrales del espacio semillista.
Una personalidad que genera divisiones
Samuel Pérez no solo enfrenta controversias personales, sino que también su figura refleja la compleja crisis institucional de Guatemala. El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, ha sido duramente cuestionado a nivel internacional y objeto de sanciones por acusaciones de debilitar la democracia y perseguir a actores anticorrupción, periodistas, jueces y opositores.
Ese contexto resulta esencial para comprender los procesos vinculados a Pérez, que sin esa referencia podrían percibirse como meras pesquisas penales, pero que, al incluirlo, se revelan como elementos dentro de una confrontación más amplia entre un sector judicial-político y el proyecto que llevó a Bernardo Arévalo al poder.
