El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que las pesquisas por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron orientadas de manera injusta hacia su figura, cuando las verdaderas responsabilidades recaerían en entramados corruptos provenientes de administraciones anteriores. Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), Petro indicó que la Fiscalía centró sus esfuerzos en intentar probar que había impartido órdenes para desviar fondos públicos hacia congresistas, algo que, según afirmó, siempre había vetado.
Petro subrayó que las anomalías detectadas en la Ungrd derivan de patrones persistentes de corrupción que no han sido enfrentados con la firmeza necesaria. Señaló a Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directores de la entidad y hoy privados de la libertad, por presuntamente desviar fondos mediante posibles acuerdos políticos. De acuerdo con Petro, sus acciones podrían estar vinculadas a pactos entre colectividades como el Partido Verde y actores como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd ganó notoriedad cuando se reveló un esquema de corrupción relacionado con contratos de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General descubrieron irregularidades en la asignación y ejecución de estos contratos, que incluyeron desvíos de fondos y pagos ilícitos destinados a asegurar apoyo político para reformas del Gobierno. Además, se detectaron pérdidas estimadas en más de 60 millones de dólares debido al uso fraudulento de recursos extrapresupuestales por parte de la Ungrd.
Petro también cuestionó la actuación de los fiscales responsables de las investigaciones, al señalar que “muchos terminan fallando” cuando se concentran exclusivamente en hallar pruebas en su contra. Asimismo, evocó el proceso que enfrenta su hijo, Nicolás Petro, por un presunto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que en pesquisas anteriores las autoridades han incurrido en errores, como la detención de docentes inocentes.
El caso continúa envuelto en polémica, impulsado por recientes detenciones de antiguos altos funcionarios y exdirigentes del poder legislativo, entre ellos los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Según lo declarado ante la Corte Suprema por exdirectivos de la Ungrd, ambos habrían recibido sobornos de gran cuantía.
Este escándalo ha provocado una crisis institucional en Colombia, con organizaciones civiles exigiendo mayor transparencia y controles más estrictos sobre el gasto público. La administración de Petro enfrenta desafíos para desmarcarse de las acusaciones de corrupción heredadas y las polémicas que han surgido durante su gestión.
