El general de división Roosevelt Hernández, quien ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un gran debate en los ámbitos político y social del país. Desde su nombramiento en diciembre de 2023, su dirección y comentarios han generado duras críticas, asociándolo con una posible politización de las fuerzas armadas y levantando dudas sobre la independencia de las diferentes ramas del gobierno.
Un soldado con experiencia y educación extensa
Originario de Choluteca y nacido en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga historia en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su trayectoria se distingue por una robusta educación en ciencias militares y gestión empresarial, lo cual lo ha posicionado como uno de los oficiales de mayor jerarquía en el país. Desde su designación como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel prominente en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Afirmaciones y respuestas en el epicentro del debate
Uno de los momentos más polémicos de su carrera se dio en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando afirmó que las Fuerzas Armadas «son instrumento del poder político». Esta declaración desató una serie de críticas y acusaciones en su contra, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que establece que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según diversos sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta afirmación refleja un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, socavando la imparcialidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Enfrentamientos con instituciones y medios de comunicación
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Igualmente, su actitud hacia los medios de comunicación ha causado polémica, pues, en junio de 2025, fue acusado de presionar a periodistas y fomentar demandas por difamación contra los medios que reportaban sobre su administración. La respuesta del general a las críticas ha aumentado las preocupaciones sobre la libertad de prensa en la nación, un asunto particularmente delicado en un entorno donde la autonomía de los medios es vital para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones tomadas por Hernández han provocado una creciente inquietud entre varios sectores de la sociedad de Honduras. Activistas de derechos humanos y políticos de la oposición han demandado su remoción del cargo, alegando que actúa como parte de un plan para la «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Se ha señalado especialmente su participación en reuniones del CNE, un organismo que debería permanecer libre de influencias militares, así como su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales en las elecciones primarias de 2025. Según sus críticos, estas medidas socavan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
División y obstáculos para las Fuerzas Armadas
A pesar de las críticas y de los llamados a su destitución, Hernández sigue en el cargo, defendiendo que las Fuerzas Armadas actúan dentro del marco legal y están dispuestas a enfrentar judicialmente a sus críticos. Sin embargo, su permanencia al frente de la institución refleja una creciente polarización en el país respecto al papel de los militares en la política.
Algunos lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otros interpretan su conducta como una señal de la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Esta tensión destaca los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial de la estabilidad del país.