Casi un año después de la filtración del polémico narco video, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con narcotraficantes, las autoridades judiciales del país no han dado señales de avances sustanciales en la investigación. El caso se mantiene en un punto muerto, lo que refuerza las sospechas de una justicia selectiva en el país y plantea cuestionamientos sobre la independencia y la eficacia del Ministerio Público.
La impunidad en el caso de Carlos Zelaya
El video que desató el escándalo fue publicado en 2024 por el portal de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En él, se observa a Zelaya en una reunión en la que negocia aportes económicos para la campaña del partido LIBRE junto a individuos identificados como narcotraficantes. A pesar de la gravedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no ha habido avances significativos en las investigaciones ni en los procesos judiciales.
El asunto ha provocado un aumento en la inquietud sobre la neutralidad del sistema judicial en Honduras, fundamentalmente debido a la comparación con otros procesos notables que han sido llevados a cabo de forma expedita. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de aceptar sobornos del cártel de Los Cachiros y prontamente enfrentó juicio tras la difusión de videos comprometidos.
Respuestas de los ciudadanos y representantes políticos
Diversos ámbitos de la sociedad civil y la política han manifestado su asombro y descontento por la falta de acciones del Ministerio Público en lo relativo al caso de Carlos Zelaya. Tanto ciudadanos como dirigentes políticos, demandan que la justicia se aplique equitativamente, investigando a Zelaya con la misma rapidez que a otros involucrados en situaciones análogas. El antiguo fiscal Edmundo Orellana ha mencionado que la fiscalía, liderada por Johel Zelaya, le debe a la población una respuesta por no proceder con la misma rapidez que en otros procesos judiciales relevantes.
Además, entidades como InSight Crime señalan que Honduras enfrenta un desequilibrio en la justicia, donde las personas vinculadas al gobierno parecen estar por encima de la ley, en contraste con los críticos y figuras independientes, quienes enfrentan un trato más severo. Esta percepción de imparcialidad debilita la confianza en el sistema judicial, el cual se pone en tela de juicio por no aplicar la ley de manera imparcial.
La petición para establecer la CICIH
El caso sin resolver de Zelaya destaca un problema más extenso en el país: la imperiosa urgencia de establecer una entidad anticorrupción autónoma con proyección internacional. A pesar de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se presentó como una medida para combatir la corrupción generalizada, su puesta en marcha ha sido paralizada en el Congreso, donde se han enfrentado dificultades políticas para su conformación.
Este parón ha suscitado críticas tanto en Honduras como a nivel internacional. Entidades internacionales y analistas políticos están de acuerdo en que la ausencia de un ente global que vigile los procedimientos judiciales y rectifique posibles parcialidades internas favorecerá la continuidad de la impunidad. La presión popular aumenta, acompañada del pedido para establecer la CICIH, vista como un recurso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial del país.
La necesidad de avances en la justicia
Los nulos avances en la investigación del video de narcotráfico de Carlos Zelaya destacan las tensas divisiones dentro de las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de una justicia que actúa con parcialidad y selectividad está debilitando la credibilidad de las autoridades responsables de proteger el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores del país recalcan que, sin avances transparentes, el sistema judicial de Honduras seguirá siendo recibido con desconfianza. En este escenario, la implementación de la CICIH y una reforma genuina del sistema judicial son esenciales para asegurar que los casos de gran repercusión política no permanezcan impunes.