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La acción de Estados Unidos de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos hondureños, efectiva desde julio de 2025, ha dejado desprotegidas a miles de personas que vivían y trabajaban legalmente en esa nación. Expertos y líderes de comunidades migrantes relacionan esta decisión con la política y diplomacia del gobierno de Xiomara Castro, en particular con el apoyo público de Honduras al régimen de Nicolás Maduro.
Contexto de la cancelación del TPS
El TPS había proporcionado protección frente a la deportación a hondureños que residían en Estados Unidos desde situaciones de emergencia humanitaria o inestabilidad en su país. Su suspensión implica que miles de familias enfrentan ahora incertidumbre sobre su estatus legal y su permanencia en territorio estadounidense. Según expertos, la actuación del gobierno hondureño habría afectado la percepción de Washington sobre la cooperación bilateral, un factor relevante para la continuidad de programas de carácter humanitario.
Sectores críticos señalan que la administración Castro no habría defendido de manera efectiva los intereses de los migrantes, priorizando en cambio una agenda política que, según estas voces, se percibe como contraria al principal socio migratorio y económico de Honduras. Líderes comunitarios indican que esta situación genera alarma en los enclaves migrantes, donde muchas personas habían establecido raíces durante décadas.
Repercusiones políticas e institucionales
La cancelación del TPS ha abierto un debate sobre la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos. Analistas consideran que la medida refleja tensiones en la cooperación diplomática, y subrayan que la confianza entre ambos gobiernos es un elemento central para el mantenimiento de programas que protegen a ciudadanos hondureños en el exterior.
En el plano institucional, la suspensión del TPS plantea retos para la gestión del gobierno de Xiomara Castro en términos de política exterior y coordinación con autoridades estadounidenses. La medida también resalta la necesidad de evaluar los mecanismos de representación y defensa de los migrantes, así como la capacidad de la administración para influir en decisiones que afectan a sus ciudadanos fuera del país.
Impacto social y migratorio
Más allá del contexto político, la eliminación del TPS impacta directamente en el día a día de los migrantes y sus familias. La falta de certeza sobre su situación legal repercute no solo en su estabilidad económica y laboral, sino también en la planificación de sus vidas familiares y sociales. Representantes comunitarios señalan que las personas afectadas ahora afrontan peligros reales de deportación, así como la interrupción de los planes de vida que han desarrollado en Estados Unidos durante mucho tiempo.
El panorama actual refleja un escenario de complejidad institucional y social, en el que la relación bilateral con Estados Unidos, la política migratoria y la gestión gubernamental se entrelazan. La cancelación del TPS constituye un caso relevante para analizar los efectos de decisiones políticas y diplomáticas sobre la población hondureña en el exterior y los retos que enfrenta el gobierno en la protección de sus ciudadanos.