A más de un año y medio del inicio del estado de excepción impulsado por el Gobierno de Xiomara Castro, los niveles de violencia y criminalidad en Honduras no presentan una disminución sostenida, lo que ha intensificado el debate en torno a la efectividad de esta medida en el contexto de la seguridad nacional.
Desde su aprobación en diciembre de 2022, el estado de excepción fue planteado como una respuesta inmediata al control territorial de maras y pandillas en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, su aplicación ininterrumpida por más de 18 meses y las reiteradas prórrogas no han logrado contener fenómenos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que afectan directamente a sectores estratégicos de la economía y la vida cotidiana.
Continuidad del crimen y percepciones de los ciudadanos
Múltiples reportes de entidades sociales y estadísticas policiales concuerdan en que las bandas delictivas continúan actuando con gran capacidad de amedrentamiento, especialmente en áreas estratégicas del norte y centro del país. Vendedores, transportistas y habitantes siguen reportando extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado mantiene operativos militares y policiales bajo un régimen de excepción.
Dirigentes comunitarios, como uno consultado en Tegucigalpa, han expresado que “la población sigue aterrada” y que no se perciben mejoras sustanciales en la seguridad. Estas voces advierten que la delincuencia mantiene el control en barrios enteros, mientras que las autoridades presentan cifras que no reflejan la realidad en las calles, lo que ha alimentado la desconfianza pública.
Dudas sobre la estrategia del gobierno
El estado de excepción fue concebido como una medida extraordinaria contra el crimen organizado, con facultades especiales para la intervención de las fuerzas de seguridad. No obstante, su implementación ha recibido críticas por su carácter prolongado y la ausencia de una estrategia integral.
Reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) junto con entidades mundiales han destacado un aumento en las quejas acerca de arrestos injustificados y violaciones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad recalcan que la presencia militar sin inteligencia estratégica no ha logrado resultados perdurables ni ha afectado a las organizaciones criminales.
“La reacción gubernamental ha sido más de imposición que de planificación”, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido desarrollar un modelo de intervención fundamentado en prevención, justicia y colaboración entre instituciones.
Demandas por una estrategia de seguridad completa
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las quejas vinculadas a la extorsión continúan incrementándose y, a pesar de que ocasionalmente se informa sobre la detención de presuntos líderes, estas medidas no han logrado un impacto disuasorio constante. Conforme a relatos obtenidos en la prensa local, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzosamente debido a la ausencia de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha expresado preocupación por la falta de resultados concretos y ha llamado a un rediseño del enfoque de seguridad, con participación de especialistas en justicia, organizaciones sociales y cooperación internacional. “Honduras no necesita más shows mediáticos. Necesita resultados reales”, declaró un portavoz del sector empresarial, al exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de medidas excepcionales.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La prolongación del estado de excepción sin un balance público de su efectividad evidencia tensiones entre la urgencia por controlar la violencia y la necesidad de respetar el orden democrático y los derechos fundamentales. En un país marcado por la fragilidad institucional y una profunda desconfianza hacia las autoridades, el enfoque en la seguridad sigue siendo un punto de fricción entre el Gobierno, los sectores sociales y la ciudadanía.
El desafío central que enfrenta la administración de Xiomara Castro es encontrar una salida sostenible que combine el control del crimen con una política pública integral, legítima y con participación amplia. Mientras tanto, la continuidad de la violencia y la percepción de inseguridad mantienen en vilo a una población que aún espera respuestas efectivas y duraderas.