A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La crisis se agravó con la revelación de presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde diputados afines al oficialismo fueron señalados por el desvío de fondos asignados a programas sociales. El caso más emblemático fue el de la congresista Isis Cuéllar, cuya suspensión fue anunciada junto con la cancelación de fondos sociales y una inédita medida: la renuncia colectiva del partido al fuero legislativo.
A pesar de que estas decisiones parecen ser definitivas, grupos opositores, especialmente el Partido Nacional, las describieron como tácticas simbólicas para distraer la atención. Según lo expresado por sus portavoces, las medidas del gobierno no han resultado en sanciones concretas ni en investigaciones efectivas que aseguren la rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las críticas no han estado confinadas al ámbito político. Desde el campo empresarial, importantes voces han expresado sus preocupaciones acerca de la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó directamente al gobierno de haber traicionado el mandato de la ciudadanía mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo discrecional de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con redes criminales.
Facussé advirtió sobre el debilitamiento de la institucionalidad y llamó a la ciudadanía a defender el Estado de Derecho ante lo que consideró un intento de consolidar un modelo autoritario y financieramente insostenible.
Desplome en las encuestas y reconfiguración del mapa electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el oficialismo
La actual coyuntura coloca a LIBRE frente a un desafío de gran magnitud. La combinación de crisis internas, deterioro institucional, pérdida de credibilidad y rechazo ciudadano ha debilitado su posición de cara a las elecciones generales. De mantenerse esta trayectoria, el oficialismo corre el riesgo de no solo perder el control del Ejecutivo, sino de ver comprometido el proyecto político que lo llevó al poder en 2021.
En este escenario, el desenlace dependerá de la capacidad del partido para recomponer su estructura interna, atender los reclamos sociales y ofrecer respuestas claras ante los señalamientos de corrupción. De lo contrario, la jornada electoral del 30 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en el mapa político hondureño.