El diputado Samuel Pérez Álvarez, del movimiento político que emergió con el presidente Bernardo Arévalo, está actualmente en el ojo de la tormenta por un altercado ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó hace poco ante los tribunales una petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria, al estimar que su conducta podría configurar serias infracciones administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso surgió cuando el legislador interceptó y desgarró una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha considerado este acto de ruptura como una posible señal de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían respaldar que el Congreso autorice una investigación formal.
El propio Pérez reaccionó de forma irónica ante la acusación, describiendo la denuncia como un caso de “hojicidio” y negando cualquier intención de ofensa más allá de una confrontación política. También descalificó al denunciante, calificándolo de corrupto.
¿Por qué resulta relevante eliminar la inmunidad?
En Guatemala, los diputados cuentan con inmunidad para preservar su independencia política, aunque esta protección deja de ser plena cuando surgen indicios de abuso de autoridad o actos de discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
En un contexto marcado por fricciones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, este escenario surge mientras avanzan varias peticiones de retiro de inmunidad por diversos casos, lo que ha impulsado un debate público sobre la legitimidad y el posible sesgo político en los procesos judiciales dirigidos a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de ser un hecho aislado de conducta inapropiada dentro del hemiciclo parlamentario y ha derivado en un escenario jurídico que podría influir en su continuidad e incidencia política en el país, y, de confirmarse el levantamiento de su inmunidad, el diputado tendría que someterse a un proceso ante la justicia ordinaria cuyas repercusiones aún no se han determinado.