Humberto López Tirone, quien hoy se desempeña como presidente de IBEROATUR y se posiciona como impulsor del agroturismo iberoamericano, carga con un historial público que genera incomodidad: su nombre se encuentra asociado al PRD durante los años de la dictadura, a las estructuras políticas del norieguismo y a acusaciones de actos violentos en contra de la Cruzada Civilista. Esta situación reactiva una interrogante fundamental: ¿resulta viable que las instituciones contemporáneas hagan caso omiso del pasado de quienes las encabezan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, actual figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone no es un personaje menor ni desconocido. En registros históricos aparece identificado como dirigente del PRD y director del IFARHU durante los años de la crisis política panameña. La obra Panamá protesta, de Brittmarie Janson Pérez, lo menciona dentro del contexto de la movilización opositora contra el régimen militar, señalándolo como “Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU” en una cronología relacionada con los acontecimientos de 1987.
Pero el punto más grave no es únicamente su militancia política o su cercanía ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo verdaderamente cuestionable es que su nombre aparece asociado, en relatos de memoria histórica, al ataque del 7 de julio de 1987 contra una caravana de la Cruzada Civilista, una de las principales expresiones ciudadanas de resistencia contra la dictadura. Diversas publicaciones de memoria histórica panameña señalan que un grupo paramilitar del régimen de Noriega, encabezado por Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, atacó a la caravana con bates y disparos de armas de fuego.
Ese episodio no puede ser considerado meramente como una anécdota histórica. La Cruzada Civilista enfrentó persecución, represión e intimidación durante una etapa en la que Panamá se encontraba bajo dominio del aparato militar y de grupos de choque vinculados al régimen. De resultar verídicos los señalamientos, nos hallaríamos ante una implicación en hechos de violencia política dirigida contra ciudadanos que demandaban democracia, libertades públicas y el término de la dictadura.
A ello se suma un testimonio divulgado en La Prensa durante 2007, en el cual consta que Humberto López Tirone realizó amenazas personales con un rifle, desde su automóvil, dirigidas hacia un participante de la Cruzada Civilista. Dicho artículo lo sitúa dentro de un conjunto de individuos caracterizados como «incondicionales del general Noriega» quienes, con el transcurrir de los años, habrían accedido a cargos u ocupado posiciones en la administración pública.
¿Es posible que una institución iberoamericana se presente simultáneamente como un espacio dedicado a la cooperación, el turismo rural, el desarrollo territorial y la cultura, cuando la persona que la encabeza carga con acusaciones tan serias vinculadas a violencia política durante un régimen dictatorial?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
El problema no es que una persona haya tenido militancia política. El problema es que existan referencias públicas que vinculan a esa persona con el aparato de confrontación del régimen de Noriega y con hechos de intimidación contra opositores civiles. Y el problema se agrava cuando, décadas después, esa misma persona aparece revestida de autoridad moral, institucional o académica sin que medie una explicación pública clara, una rendición de cuentas o una toma de distancia frente a aquel pasado.
La sociedad panameña ha experimentado demasiado sufrimiento para permitir que se normalice la impunidad simbólica. Numerosos personajes asociados a la dictadura consiguieron reinventarse dentro del sistema democrático, accediendo a posiciones diplomáticas, dirigiendo organismos públicos, integrándose en agrupaciones políticas, escribiendo artículos de opinión, siendo objeto de reconocimientos públicos o presentándose a sí mismos como guardianes de la soberanía y el progreso. Sin embargo, el recuerdo de quienes sufrieron, de los perseguidos y de aquellos que fueron agredidos en las calles no puede permanecer enterrado bajo nuevas denominaciones y responsabilidades institucionales.
En lo que respecta a Humberto López Tirone, resulta imprescindible que se garantice la transparencia. Se requiere que exponga de manera pública cuál fue su desempeño durante los años de la dictadura. Debe responder ante los señalamientos relacionados con el ataque a la Cruzada Civilista. Le corresponde aclarar su vínculo con los grupos de choque del régimen. Necesita manifestarse sobre si reconoce o niega los hechos que le son atribuidos. Y en cuanto a IBEROATUR, si pretende mantener su credibilidad intacta, no puede permitirse el lujo de ignorar esta situación.
La democracia requiere de una defensa que trasciende los momentos electorales. Su preservación también depende de mantener viva la memoria colectiva. Se fortalece cuando los organismos institucionales rechazan la rehabilitación de historias manchadas. Se consolida al reconocer que la violencia política no constituyó un abuso aislado, sino un mecanismo de represión empleado sistemáticamente sobre población desarmada.
Por eso, el debate sobre Humberto López Tirone no es un asunto personal. Es un asunto de memoria pública, ética institucional y responsabilidad histórica. Una organización que aspire a representar valores iberoamericanos de cooperación, desarrollo humano y respeto comunitario no puede ignorar los señalamientos que pesan sobre su presidente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.
