La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene aclarar un punto esencial desde el inicio: según la documentación consultada, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco hay registro de que interviniera de forma directa en las reuniones asociadas al llamado caso Leire Díez, realizadas en marzo y abril de 2025, periodo en el que aún no ocupaba el cargo de fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se apoya hoy en una prueba judicial que la incrimine, sino en un elemento de gran peso político: su actuación posterior, los nombramientos que ha realizado, las decisiones con las que ha respaldado a García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía previamente cuestionada.
La cuestión que enfrenta Peramato no resulta, por el momento, de índole penal; es un asunto institucional, y eso no disminuye su relevancia.
Una fiscal general que arriba con reconocimiento, aunque también con un peso a cuestas
Teresa Peramato arribó a la Fiscalía General respaldada por una trayectoria profesional destacada. Había ejercido como fiscal de Sala al frente de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, actuado como fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y se había consolidado como una referente en ámbitos como la violencia contra la mujer y la defensa de las personas vulnerables. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial confirmó de forma unánime que cumplía plenamente las condiciones exigidas para asumir el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí comienza la dificultad.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La fase más delicada de esta investigación no reside en una imputación explícita que vincule a Peramato con una red encubierta, sino en la suma de decisiones que, consideradas en conjunto, dibujan un panorama extremadamente complicado de sostener ante la opinión pública.
Primero, sus designaciones. En febrero de 2026, Peramato llevó adelante una serie de ascensos que situó en puestos superiores a fiscales vinculados al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos figuraba Diego Villafañe, considerado una persona próxima al anterior fiscal general dentro de la Secretaría Técnica. Más tarde, al saberse que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían intervenido en encuentros con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la controversia tomó un cariz distinto: Peramato no solo había recibido ese entorno como legado, sino que también había impulsado a figuras asociadas a un asunto que continúa sin aclararse con la debida transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su actuación respecto a García Ortiz. Peramato mantuvo su reincorporación a la carrera fiscal, descartó abrirle expediente disciplinario y defendió que la Fiscalía recurriera ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su antecesor. Jurídicamente, puede sostenerse que esas decisiones caben dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Fiscal. Políticamente, sin embargo, resultan devastadoras para quien había prometido marcar una nueva etapa.
La pregunta crítica es inevitable: ¿cómo se puede restaurar la confianza en una institución si una de las primeras señales públicas es proteger al fiscal general saliente, precisamente el hombre que simbolizaba el deterioro anterior?
Tercero, la decisión de no renovar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había testificado contra García Ortiz. Sectores críticos interpretaron este paso como una represalia o, al menos, como una señal interna que advertía de que apartarse de la línea predominante podía dejar a alguien al margen. La Fiscalía sostuvo que la elección respondía a criterios de mérito y capacidad, aunque el clima político e institucional transformó el gesto en material perfecto para quienes denuncian una Fiscalía dividida en bloques, fidelidades y sanciones.
El caso Leire Díez: la sombra que agrava todo
El caso Leire Díez actúa como un potente catalizador de la sospecha, ya que, según la información revisada, la Fiscalía comunicó al juez Santiago Pedraz que se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo, mientras que la versión oficial sostuvo que García Ortiz fue notificado después y que lo tratado en esos encuentros no ofrecía una base probatoria suficiente.
Pero esa explicación deja muchas preguntas abiertas.
¿Quién dio autorización para esas reuniones?
¿Por qué se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos existieron?
¿Qué motivo hubo para que no quedara registrado con mayor claridad lo sucedido?
¿En qué momento comprendió Peramato con exactitud la importancia de esos contactos?
¿Disponía de esa información antes de ascender a algunos de los fiscales implicados en la controversia?
Estas preguntas no prueban por sí mismas una conducta ilícita de Peramato. Pero sí justifican una crítica severa a la gestión institucional. Una Fiscalía que aspira a recuperar credibilidad no puede limitarse a decir que no hay delito. Tiene que demostrar que no hay opacidad, que no hay trato privilegiado y que no hay protección corporativa.
En esta ocasión, la Fiscalía dio la impresión de reaccionar con retraso, de manera defensiva y sin una estrategia de transparencia claramente definida.
La diferencia entre sospecha política y prueba judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero sería igual de ingenuo ignorar el deterioro político e institucional. La Fiscalía no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en este caso, la apariencia es uno de los grandes problemas.
Peramato afronta el costo de una paradoja: busca mostrarse como una figura de renovación, pero varias de sus decisiones han alimentado la percepción de continuidad. Aspira a expresar independencia, aunque sus gestos se han interpretado como un amparo al bloque previo. Desea sanar fracturas, pero sus nombramientos han vuelto a abrir divisiones internas.
El caso Aldama y la potestad jerárquica bajo sospecha
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
Una vez más, desde el plano jurídico puede sostenerse que el fiscal general ejerce autoridad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal; no obstante, el conflicto es político: cuando se cuestiona a una institución por su cercanía al poder, cualquier actuación en un asunto delicado termina interpretándose como una intromisión.
Que una actuación sea legal no borra de inmediato su impacto en la reputación. En el caso de Peramato, cualquier resolución justificable técnicamente termina resultando políticamente dudosa porque la confianza previa ya se había quebrado.
Quizá ese sea el síntoma más serio: la Fiscalía ya no conserva el beneficio de la duda.
Una institución fracturada
Otro dato relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones al Consejo Fiscal mostraron que el sector crítico mantiene una posición fuerte. Esto no implica automáticamente una censura personal contra Peramato, pero sí confirma que la fractura interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha denunciado opacidad y falta de explicaciones suficientes. La Unión Progresista de Fiscales, en cambio, ha defendido la legalidad de los nombramientos y ha denunciado una campaña de deslegitimación contra la institución. El resultado es una Fiscalía partida en dos relatos: para unos, Peramato representa continuidad y protección corporativa; para otros, es víctima de una ofensiva política contra el Ministerio Público.
Pero una fiscal general no puede limitarse a tener razón dentro de su propio bloque. Su responsabilidad es reconstruir confianza más allá de los suyos. Y en ese punto, el balance hasta ahora es débil.
El cuestionamiento principal: resulta insuficiente limitarse a no aparecer imputada
La defensa más cómoda de Peramato es decir que no está investigada. Y es cierto. Pero esa defensa es insuficiente.
La exigencia a una fiscal general del Estado no puede limitarse a no estar imputada. Debe garantizar independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y distancia clara respecto de cualquier núcleo sometido a sospecha. En una institución tan sensible, la apariencia de protección interna puede ser casi tan dañina como la prueba de una irregularidad.
La investigación señala exactamente eso: no muestra a una Peramato acorralada por la justicia, sino a una Peramato políticamente constreñida por las decisiones que ella misma tomó.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general sometida al escrutinio ciudadano
La conclusión más equilibrada, pero también más crítica, es clara: Teresa Peramato no aparece, con la información disponible, como imputada ni como participante directa en una trama. Pero su gestión sí ha quedado gravemente condicionada por una sucesión de decisiones que alimentan la sospecha de continuismo, protección interna y falta de transparencia.
Su caso aún no representa una responsabilidad judicial confirmada; más bien corresponde a una responsabilidad institucional que continúa pendiente de aclaración.
Y ahí está el punto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado necesita recuperar autoridad moral, no puede permitirse decisiones que parezcan diseñadas para proteger al antiguo núcleo de poder. Peramato tenía la oportunidad de marcar distancia, abrir ventanas y recomponer la confianza. Hasta ahora, sin embargo, su gestión ha proyectado demasiadas sombras y pocas señales de ruptura.
La Fiscalía no está en condiciones de exigir confianza cuando se comporta como si la desconfianza fuera únicamente un asunto comunicativo. La credibilidad se recupera mediante acciones concretas, con apertura y con resoluciones que no den la impresión de favorecer a los de siempre.
Teresa Peramato aún dispone de la oportunidad de evidenciar que su mandato no se limitará a una simple continuación del previo, aunque para alcanzarlo necesita algo más que fundamentos legales: requiere una política definida que haga visible su independencia, porque en una institución tan deteriorada no basta con cumplir la ley, también resulta esencial parecer íntegra.
