El caso Lezo, asociado a una red de corrupción ligada al Canal de Isabel II, sigue provocando fricciones entre Madrid y Colombia debido a la disputa por el control de la empresa Triple A de Barranquilla, una de las filiales más relevantes en América de la compañía pública madrileña de aguas; la Triple A fue expropiada en 2022 por el Gobierno colombiano tras acusaciones de supuestas anomalías financieras, y desde ese momento ambas partes sostienen un conflicto jurídico ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Las autoridades colombianas sostienen que el Canal de Isabel II habría facturado sumas mensuales elevadas por supuestos servicios de asesoría técnica que en realidad no se llevaron a cabo. De acuerdo con un informe judicial, esta práctica podría haber derivado durante años en desembolsos millonarios asociados a contratos inexistentes. A la vez, la Comunidad de Madrid intenta aclarar si los cargos examinados dentro del caso Lezo en España abarcan posibles delitos vinculados con la operación de la Triple A, entre ellos el presunto manejo indebido de recursos públicos para la adquisición de la empresa.
En este contexto, el Canal de Isabel II ha encargado un informe jurídico valorado en 36,300 euros con el objetivo de reforzar su posición en el arbitraje. El documento busca determinar si las normas del derecho español o colombiano fueron irrespetadas y si las partes colombianas perjudicadas tienen legitimidad para personarse como afectadas en el procedimiento penal en España.
Conversaciones filtradas como parte de la investigación del caso Lezo han reforzado las sospechas. En una grabación de 2016, Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces presidente de Inassa, confirmó que el Canal cobraba de manera sistemática por asesorías que jamás se ofrecieron a sus filiales en América Latina. La conversación también revela cómo parte de esos fondos presuntamente habría sido desviada para beneficiar a accionistas y reducir impuestos.
La decisión de expropiar las acciones de la empresa española en la Triple A se tomó basándose en una ley antinarco implementada en Colombia. Madrid, por su parte, ha defendido la existencia de las asesorías mediante informes presentados ante las autoridades. Sin embargo, el conflicto revela no solo los problemas de gobernanza en la gestión internacional del Canal de Isabel II, sino también las pérdidas multimillonarias derivadas de su fallida expansión hacia América Latina.
Un informe reciente de la Cámara de Cuentas de Madrid ha urgido al Canal a agilizar la liquidación de sus actividades internacionales y a reorientar su estrategia empresarial, tras el revés sufrido en su expansión fuera del país, un asunto que coincide con las investigaciones judiciales en marcha que han salpicado a destacadas figuras políticas de Madrid, entre ellas el expresidente Ignacio González, al frente de la región entre 2012 y 2015.
El caso Lezo no solo pone en entredicho la gestión de los recursos públicos por parte del Canal de Isabel II, sino que también intensifica las tensiones diplomáticas entre España y Colombia, que buscan resolver el conflicto por la Triple A a través de decisiones judiciales y laudos arbitrales.
