La reciente publicación del Módulo de Inclusión Financiera dentro de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de noviembre de 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE Honduras) en colaboración con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), arroja una radiografía actualizada sobre la participación de la población hondureña en el sistema financiero formal. La encuesta, que abarcó 7,250 hogares equivalentes a 26,576 personas, proporciona datos de alta representatividad sobre acceso, uso y educación financiera, ofreciendo información relevante en un momento marcado por debates políticos sobre la regulación del crédito.
Uso del crédito y factores determinantes
El documento evidencia que el uso del crédito se correlaciona directamente con los niveles de ingreso, aumentando conforme se asciende en los quintiles de ingresos. Este patrón responde a factores estructurales como la capacidad de pago, la demanda efectiva, el conocimiento de la oferta financiera, la educación financiera y la alfabetización digital.
El sondeo abarcó interrogantes acerca de la petición de créditos durante el último año, contemplando diversas procedencias: entidades bancarias, prestamistas no oficiales, casas de empeño y establecimientos comerciales. A aquellos que no pidieron financiación, se les consultó el porqué. Los hallazgos revelan que el 91,3% de las justificaciones se relacionan con la ausencia de necesidad o con apreciaciones de peligro: «No me ha hecho falta», «No satisfago las condiciones» y «Adquirir un crédito conlleva demasiado riesgo». En contraste, el motivo relacionado con la inscripción en la Central de Riesgos, mencionado en discusiones políticas, constituyó solo el 0,7%, una cifra que subraya su escasa importancia entre los obstáculos para acceder a la financiación.
Estos resultados difieren de las afirmaciones de figuras políticas, como la aspirante oficialista de LIBRE, quien ha sostenido que la Central de Riesgos restringe el acceso al crédito y ha planteado su supresión. Los datos estadísticos indican que las verdaderas barreras para el acceso financiero están más vinculadas a factores socioeconómicos, educativos y de ahorro, además de la percepción de riesgo generada por el entorno económico.
Inclusión financiera y comparativo regional
En términos de participación en el sistema financiero, la encuesta refleja un nivel de bancarización del 42% de la población mayor de 15 años con algún tipo de cuenta de depósito o billetera electrónica. Este dato es coherente con la información del Global Findex 2025 del Banco Mundial, que reporta un 42% para Honduras en 2024, y coloca al país por debajo de naciones vecinas como Costa Rica (71%) o Panamá (64%). Además, se observa un retroceso en comparación con indicadores previos a la pandemia de 2017, lo que evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el país en términos de inclusión financiera.
El análisis destaca que para expandir el acceso a préstamos y servicios bancarios, se necesitan estrategias fundamentadas en datos, tales como la formación en finanzas, el fomento del ahorro y la optimización del entorno empresarial. Cualquier acción que implique la supresión o alteración de los datos crediticios podría generar un deterioro institucional y aumentar los obstáculos para aquellos que aún no forman parte del sistema financiero formal.
Retos organizacionales y panorama financiero
El componente de inclusión financiera posibilita la detección de los puntos clave que restringen el crecimiento del crédito en Honduras. Dejando a un lado los debates políticos acerca de la Central de Riesgos, la disponibilidad y utilización del crédito se ve influenciada por la solvencia económica de las familias, la formación financiera y la evaluación del riesgo en un contexto caracterizado por la inestabilidad económica y una elevada tasa de empleo informal.
La evidencia recopilada por el INE Honduras, la CNBS y el BID ofrece un insumo valioso para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la participación financiera de manera segura y sostenible, evitando la adopción de medidas que no respondan a datos comprobables. El análisis de la encuesta confirma que la inclusión financiera es un proceso multifactorial, donde los ingresos, la educación y la planificación económica son determinantes más relevantes que la sola regulación del crédito.