A poco más de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el oficialismo hondureño enfrenta una creciente deslegitimación pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que encabeza el gobierno desde 2022, ha sido objeto de acusaciones por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y sectores de la sociedad civil, que denuncian presuntas maniobras para alterar el proceso electoral y aferrarse al poder en medio de una pronunciada caída en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Las encuestas más recientes, como las realizadas por Pro Encuestas y TResearch, muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha tenido una caída constante. Aunque comenzó como la principal candidata, Moncada ha sido sobrepasada en los sondeos por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Dudas acerca del procedimiento electoral y supervisión institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
También se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar el despliegue del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esencial para garantizar la claridad del conteo. Las inquietudes han aumentado dentro del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), con consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall manifestando presiones y esfuerzos por obstruir su labor.
Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.
Acusaciones de alineamientos ideológicos y clima de confrontación
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue líder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han señalado el riesgo de llevar a cabo un “Plan Venezuela”, cuyo fin sería causar desestabilización institucional, manifestaciones provocadas y obstrucciones administrativas que compliquen una transición gubernamental.
De acuerdo con las acusaciones, grupos cercanos al gobierno habrían llevado a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría contribuir a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en la nación.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
Varias organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y líderes políticos han enfatizado la importancia de una supervisión internacional sólida y de mecanismos de protección que aseguren la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.